El lunes 10 de febrero de 2020 los puestos de periódico de la Ciudad de México amanecieron con una de las portadas más grotescas de las que haya memoria. Dicha portada daba cuenta del brutal feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años a la que su esposo, Érick Francisco ‘N’ de 46 años había golpeado, matado y desollado para después tirar sus restos al drenaje de la calle.
Cárcel a funcionarios que filtren fotos y datos de delitos; aprueban la ‘Ley Ingrid’ en la CDMX
Esta protección a víctimas se da a un año de que las fotos del brutal asesinato de Ingrid Escamilla aparecieran en portadas de periódicos
Por:
Karina Espinoza.
Además de la gravedad del hecho en sí mismo, se encendieron las alarmas sobre cómo algunos medios dan tratamiento a los asesinatos, sobre todo a los feminicidios. El caso en cuestión era el colmo, pues el periódico Pásala, que llevó a portada la foto de los restos de Ingrid a todo color, tituló el hecho como: “La culpa la tuvo cupido: A días de San Valentín, hombre mata y deja desollada a su novia en un depa de la Gustavo A. Madero”.
Detrás de la publicación, se supo después, no sólo estuvieron quienes reportaron y editaron la noticia, sino algunos funcionarios públicos que “filtraron” las fotos a la prensa, como muchas otras veces.
A woman paints the name of Ingrid Escamilla on a wooden cross to pay tribute after the gruesome murder of 25-year-old woman Ingrid Escamilla, in Puebla, Mexico February 12, 2020. REUTERS/Imelda Medina
Imagen Reuters
En su momento, Gerardo Albarrán, defensor de audiencias de la Universidad Iberoamericana y Universidad de Guadalajara explicó a Unicable que “el papel de los medios ante la violencia es informar pero también explicar”, y que “poner la foto de Ingrid en la portada del periódico es una afrenta, una revictimización y una violación al derecho a la propia imagen”.
El panorama ante este caso era claro según el experto: “ Independientemente de que las víctimas sean hombres, mujeres, niños o ancianos, algunos medios no tienen los criterios éticos para difundir imágenes si no es desde el morbo. Lo único que buscan es lucrar con la desgracia ajena”.
El negocio para estos medios es redondo, pues no sólo cuentan con la falta de ética de los funcionarios que venden fotos morbosas de crímenes sino que, hasta ayer, no existía regulación sobre el tratamiento burdo de una imagen, como ocurrió en el caso de Ingrid.
Por fortuna, a poco más de un año de su terrible feminicidio y de su aberrante difusión, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen de reforma al Código Penal local en su artículo 239 para sancionar con entre dos y seis años de cárcel y una multa a los servidores públicos de hasta 89 mil 620 pesos, que de forma indebida difundan información, fotografías o documentos relacionados con algún procedimiento penal.
A esta reforma se le conoce ya como #LeyIngrid en memoria de Ingrid Escamilla. El dictamen en cuestión dice en su desarrollo: “el respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte nunca deben ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado”.
El dictamen de la 'Ley Ingrid' que fue aprobado por unanimidad con 58 votos a favor, fue promovido desde inicios del mismo 2020 por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y por las diputadas Isabela Rosales, Gabriela Quiroga y Ana Patricia Báez.